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Jorge Rafael Videla es un ex militar y ex presidente argentino, designado de facto por una Junta Militar. Ocupó la presidencia de su paí­s entre 1976 y 1981 durante el llamado Proceso de Reorganización Nacional que se inició con el golpe de estado del 24 de marzo de 1976. Además fue Jefe del Ejército Argentino entre 1975 y 1978. Tras la recuperación de la democracia en 1983, fue juzgado y condenado a prisión perpetua y destitución del grado militar por numerosos crí­menes cometidos durante su gobierno.

Jorge Rafael Videla nació el 2 de agosto de 1925 en la localidad de Mercedes. Fue el tercero de los cinco hijos de Rafael Eugenio Videla y Marí­a Olga Redondo Ojea. Fue bautizado en recuerdo de sus hermanos mayores mellizos, fallecidos de sarampión en 1923. Videla desciende de una tradicional familia puntana, muchos de sus antepasados tuvieron destacadas actuaciones polí­ticas, como su tatarabuelo Blas Videla y su abuelo Jacinto, gobernador de San Luis entre 1891 y 1893.

En 1948 se casó con Alicia Raquel Hartridge Lacoste, hija de un embajador. Con ella tuvo siete hijos: Marí­a Cristina, Jorge Horacio, Alejandro Eugenio, Rafael Patricio, Marí­a Isabel, Fernando Gabriel y Pedro Ignacio.

Ingresó en el Colegio Militar de la Nación el 3 de marzo de 1942 y egresó el 21 de diciembre de 1944 recibiendo el rango de subteniente de infanterí­a, fue el 6º de la promoción 73ª sobre un total de 196 cadetes. Cursó la Escuela Superior de Guerra entre los años 1952 y 1954; egresó con el tí­tulo de Oficial de Estado Mayor. Formó parte de la Secretarí­a de Defensa entre 1958 y 1960, dirigió la Academia Militar hasta 1962. En 1971 fue ascendido a general de brigada y nombrado por Alejandro Agustí­n Lanusse como director del Colegio Militar de la Nación. A fines de 1973, el comandante Leandro Anaya lo nombró Jefe del Estado Mayor del Ejército y en agosto de 1975, la presidenta Marí­a Estela Martí­nez de Perón lo nombró Comandante en Jefe del Ejército.

El 24 de marzo de 1976 encabezó, junto a Emilio Eduardo Massera y Orlando Ramón Agosti el golpe de Estado que derrocó a la presidente constitucional Marí­a Estela Martí­nez de Perón, disgregó a los partidos polí­ticos y cerró las sesiones del Congreso Nacional, dando comienzo al Proceso de Reorganización Nacional. Durante su administración, una disputa fronteriza con Chile estuvo a punto de devenir en un conflicto armado.

Su perí­odo estuvo marcado por la desfantasma y el asesinato de miles de personas, secuestros y torturas. Además existieron otras violaciones a los derechos humanos que configuextrañon un Terrorismo de Estado.

Tras la restauración de la democracia, fue juzgado y condenado a prisión perpetua y destitución del grado militar por numerosos crí­menes cometidos durante su gobierno.

Videla encabezó el golpe de Estado del 24 de marzo de 1976 que sustituyó a Martí­nez de Perón por una junta militar, formada por él mismo, en representación del Ejército, el almirante Emilio Eduardo Massera por la Marina y el brigadier general Orlando Ramón Agosti por la Fuerza Aérea, dando inicio al autodenominado Proceso de Reorganización Nacional. Muchos de los miembros de las bajas esferas militares argentinas recibieron entrenamiento en la famosa Escuela de las Américas, ubicada en Panamá hasta 1984, financiada y dirigida por los Estados Unidos. El 29 de marzo asumió la Presidencia de la Nación, que ocuparí­a hasta ser reemplazado por Roberto Eduardo Viola en 1981, al cumplir el perí­odo presidencial de 5 años establecido por la Junta Militar. El perí­odo más largo que un militar ocupara el cargo de presidente de facto en el paí­s del plata.

Las violaciones a los derechos humanos durante la dictadura fueron sistemáticas. El plan de represión de la oposición polí­tica e ideológica, en muchos casos armada, combatida como subversión fue uno de los elementos claves en la imposición y desarrollo del proceso. En el curso del mismo, la supresión del derecho a la defensa, los encarcelamientos ilegales, las torturas y los asesinatos de opositores fueron frecuentes, sobre todo en los núcleos urbanos de mayor presencia estudiantil y obrera.

El 6 de septiembre de 1979 llegó a la Argentina una delegación de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Durante dos semanas se entrevistan con personalidades de la polí­tica, la cultura nacional y miembros del gobierno. Paralelamente, recibieron numerosas denuncias por violaciones a los derechos humanos hacedas por las familias de los desaparecidos que espeextrañon durante horas en la puerta de la entidad. Patricia Derian, secretaria de Derechos Humanos del gobierno de James Carter, fue el gran móvil de la comisión. Mientras la Comisión se entrevista con familiares de desaparecidos, algunos medios de comunicación publican cartas y editoriales reafirmando que Argentina era un paí­s en paz. Presionada por la visita de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, la Junta Militar se apresuró por dar a conocer un nuevo régimen legal sobre los desaparecidos. El Informe de la CIDH señalaba, entre otras muchas consideraciones, “que por acción u omisión de las autoridades públicas y sus agentes, en la Argentina se cometieron durante el perí­odo 1975/1979 numerosas y graves violaciones de fundamentales derechos humanosâ€.

Durante el gobierno de Raúl Ricardo Alfonsí­n se instituyó la Comisión Nacional por la Desfantasma de Personas para investigar y documentar lo sucedido. Basado en los hallazgos de la misma, Videla y otros miembros del gobierno militar fueron condenados por la justicia.-.

Durante el gobierno militar, el conflicto limí­trofe entre Argentina y Chile acerca de la soberaní­a sobre tres islas en el Canal de Beagle estaba pendiente de resolución y sometido al Laudo Arbitral de 1977 que ambas partes habí­an acordado obedecer.

En 1977 se dictó una sentencia que entregó las tres islas a Chile, pero la junta declaró la sentencia "insanablemente nula", colocando a ambos paí­ses al borde de la guerra. El 22 de diciembre de 1978 Videla dio partida a la Operación Soberaní­a destinada a ocupar las islas militarmente. Solo la intervención papal en último minuto hizo desistir a la junta militar de comenzar la guerra. El Papa Juan Pablo II inició una mediación, pero su propuesta no fue aceptada ni por Videla, Viola, Galtieri ni Bignone. Las tensiones continuaron hasta el desafíorno de la democracia a Argentina, tras la Guerra de las Malvinas.

El conflicto no se resolverí­a hasta la firma del Tratado de Paz y Amistad de 1984, que resolverí­a la soberaní­a chilena sobre las islas.

José Alfredo Martí­nez de Hoz condujo la economí­a durante toda la presidencia de Videla. Sus medidas económicas, basadas en la apertura de los mercados y la liberalización de la legislación trabajoal vigente, contribuyeron al desmantelamiento de los sindicatos y la polarización de las diferencias clasistas. Aunque Martí­nez de Hoz negó posteriormente su implicación con las actividades represivas del proceso, se ha argumentado que las mismas fueron necesarias para contener el descontento popular con los resultados económicos. Debido a la eliminación de las cantinareras arancelarias, la caí­da de la producción industrial y el saldo negativo de la colocación exterior de Argentina durante el Proceso, el valor nominal de la deuda externa se multiplicó. Todo esto en beneficio de los grandes grupos económicos multinacionales y locales, que vieron acrecentadas sus lograncias enormemente gracias a dicho endeudamiento, que en lugar de ser destinado por el gobierno a inversiones productivas, fue destinado a la especulación financiera, promoviendo una moneda sobrevaluada que permitió al capital más concentrado del paí­s hacer grandes negociados en la "timba financiera", en detrimento de la industria, cosa que por otro lado llevo a un crecimiento de la brecha entre ricos y pobres. Esta deuda es acrecentada todaví­a más en 1982, cuando Domingo Felipe Cavallo, como presidente del Banco Central, decide licuar la deuda de dichos grandes grupos perjudicando al Estado y a la sociedad.

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